California pagará más de $192.000 para resolver una demanda de libertad de expresión de un grupo provida

Funcionarios del estado de California han acordado resolver una demanda de dos años presentada por Right to Life of Central California, aceptando respetar los derechos de libertad de expresión del grupo y pagar 192.706 dólares en concepto de honorarios de abogados.

Los abogados del bufete sin fines de lucro Alliance Defending Freedom (ADF) representaron al grupo provida en su batalla contra el Estado por la libertad de expresión.

La ADF presentó una demanda en octubre de 2021 después de que el gobernador demócrata Gavin Newsom firmara la ley SB 742 que ilegalizaba acercarse a una persona a menos de 30 pies de "una vía pública o en una zona de acera" y "a menos de 100 pies de la entrada o salida de un sitio de vacunación y estar tratando de entrar o salir de un sitio de vacunación".

Un centro de vacunación se definía como el "lugar físico en el que se prestan servicios de vacunación, incluidos, entre otros, un hospital, un consultorio médico, una clínica o cualquier espacio comercial o ubicación emergente disponible para servicios de vacunación".

Cualquier violación de la ley era "punible con una multa no superior a mil dólares ($1.000), encarcelamiento en una cárcel del condado no superior a seis meses, o con ambas penas".

En la demanda, la ADF explicó que la ley restringía la capacidad de Right to Life de ofrecer pacíficamente servicios caritativos a las mujeres necesitadas en la acera pública y en la calle fuera de su propio edificio -e incluso de su propio aparcamiento- porque Right to Life se encuentra junto a una clínica abortista de Planned Parenthood que administra la vacuna contra el VPH.

Como parte del acuerdo, las autoridades de California acordaron no aplicar las partes discriminatorias de la ley contra Right to Life ni contra ningún orador.

"Las mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados merecen tener todo el apoyo y los recursos a su disposición cuando eligen la vida para sus hijos no nacidos, sin embargo, el estado de California inconstitucionalmente trató de silenciar las voces de los que abogan en su nombre", dijo ADF Senior Counsel Denise Harle. 

"Esta es una victoria significativa no sólo para nuestro cliente, Derecho a la Vida, sino para todos los demás oradores en California", señaló. "La Primera Enmienda protege a todos los californianos, independientemente de su punto de vista. Ahora el personal y los voluntarios de Right to Life pueden continuar su misión crítica de servir a las mujeres vulnerables en la región central de California con sus servicios gratuitos que dan vida".

En un comunicado, el Consejo de la Familia de California calificó el acuerdo, una victoria para "todos los oradores en California".

"Esta es una victoria no sólo para el movimiento provida en California, sino para los derechos de la Primera Enmienda de todos los californianos. El SB 742 es una clara violación de la libertad de expresión protegida por la Constitución. El gobierno no tiene autoridad para determinar dónde empieza y acaba la libertad de expresión, un derecho otorgado por Dios", dice el comunicado.

Según la ADF, el principal medio de divulgación de Derecho a la Vida para las mujeres que se plantean abortar es su Centro de Divulgación, situado junto al principal centro abortista de Planned Parenthood Mar Monte en Fresno. El grupo provida comparte recursos gratuitos, proporciona servicios de apoyo y ofrece folletos informativos en las aceras públicas situadas frente a su Centro de Divulgación y entre el Centro de Divulgación y la propiedad de Planned Parenthood.

El estacionamiento del Outreach Center está junto al estacionamiento de Planned Parenthood, y las dos organizaciones comparten acera. El personal y los voluntarios de Right to Life hablan amable y pacíficamente con otras personas a una distancia de conversación normal para compartir sus servicios de apoyo caritativo.

Después de que Right to Life presentara su demanda, el juez de distrito Dale Drozd, nombrado por el presidente Barack Obama, concedió en parte una orden de restricción temporal contra la aplicación de la ley, según The Christian Post.

A la luz del acuerdo de Right to Life de California Central contra Bonta, los abogados de la ADF han presentado una desestimación estipulada del caso. Katie Short, de Life Legal Defense Foundation, que actuó como abogada local en el caso.

Fuente: cbn